El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) oficiará a Azul Azul, concesionaria a cargo de Universidad de Chile, en su calidad de organizadora del partido disputado el domingo pasado contra Universidad Católica en Concepción, y que fue cancelado por incidentes ocurridos durante su desarrollo, para conocer el mecanismo que utilizará para devolver el dinero a los asistentes, además de las medidas compensatorias que implementará en favor de los afectados.

A través del oficio, el cual también será dirigido a Punto Ticket, boletería encargada de la venta de las entradas de ese partido, el Sernac solicitará a la empresa una serie de antecedentes, entre ellos, las medidas de seguridad implementadas para el partido, la cantidad de entradas vendidas y el mecanismo que utilizará para devolver el dinero a los hinchas que se vieron impedidos de disfrutar el encuentro deportivo, junto con las medidas compensatorias en favor de los afectados.

“Junto con lamentar los vergonzosos hechos ocurridos durante el partido entre Universidad de Chile y Universidad Católica en el Estadio ‘Ester Roa' de Concepción, que pusieron en riesgo a miles de asistentes, entre ellos, personas mayores, niños y mujeres, como Sernac exigiremos a Azul Azul que devuelva íntegramente el dinero de las entradas a quienes asistieron al partido, además de las compensaciones que correspondan por los daños ocasionados”, recalcó Andrés Herrera, Director Nacional del Servicio.

La autoridad agregó que es hora que las instituciones organizadoras de eventos masivos se hagan responsables hacia los consumidores. “Acá el principio está claro: si no se cumplen con las condiciones ofrecidas, las empresas organizadoras deben devolver íntegramente el dinero a los asistentes y además compensarlos por los daños ocasionados, esto independiente de otras consideraciones penales o de seguridad que pueda tener el caso”, expresó.

Azul Azul tendrá un plazo de 10 días hábiles administrativos para responder al Sernac y una vez que el Servicio obtenga los antecedentes, tomará las acciones que considere pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores afectados.