Se resolvió la votación de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas respecto a la organización de Santiago 2023. Tras diez sesiones de discusión sobre el aumento  de recursos (más de 30 mil millones de oesis) y el retraso de las obras, se aprobó el informe elaborado por los parlamentarios oficialistas.

Según La Tercera, entre las primeras determinaciones se estableció que "se ha afirmado la inconveniencia de transferir recursos a entidades privadas, como el Comité Olímpico de Chile (COCh). Comprometer recursos públicos a entidades cuya experiencia y conocimiento no corresponde a la intervención en temas de infraestructura representa una situación que se debe evitar".

Así mismo, se señaló que en el proceso de rendición de cuentas por parte de la Corporación Santiago 2023 aún hay montos observados por la Contraloría General de la República, puntualizando que "los recursos públicos, sí fueron utilizados en el proyecto respectivo y, además, sí habían sido totalmente rendidos, encontrándose con observaciones".

Por otro lado, se evidenció que el aumento del 36,86 por ciento del presupuesto se debe a contratos acordados durante la pandemia y previo al periodo de la inflación. Junto a ello se remarcó el retraso en la entrega de obras en el Centro Acuático, Centro de los Deportes Colectivos, Centro de las Raquetas, Centro de Deportes Paralímpicos, el Estadio "Mario Recordón" y el Court Central de Tenis.

Por último, el informe recomienda "revisar el diseño institucional utilizado para la ejecución de estos megaeventos deportivos, en efecto, hasta ahora la solución institucional ha sido constituir corporaciones de derecho privado sin fines de lucro para abordar la institucionalidad que requieren/demandan los entes internacionales para dar vida al Comité Organizador Local, entidades que por exigencias reglamentarias internacionales deben ser independientes de los Gobiernos y las correspondientes Organizaciones Deportivas Nacionales".

"Se debe explorar soluciones institucionales que permitan conciliar ambas situaciones, esto es, que se cumpla con la exigencia de formar entidades independientes de los gobiernos y las organizaciones deportivas superiores, con el rol de Comité Organizador Local (COL), sin que ello signifique, que dicha entidad deba ejecutar directamente volúmenes de recursos públicos que queden fuera del escrutinio y fiscalización directa de los órganos estatales correspondientes", agregaron.