La tensión entre la Universidad de Chile y la concesionaria que administra a su equipo de fútbol alcanzó un nuevo punto de ebullición. La Casa de Estudios recibió finalmente el esperado estudio jurídico encargado al prestigioso abogado Andrés Jana, el cual evalúa el estado del contrato que une a ambas partes desde el año 2008, y los resultados exigen cambios drásticos.

La información fue revelada por El Deportivo, medio al que la prorrectora de la institución, Dorotea López, le confirmó la postura oficial: “Hemos recibido el informe estratégico que analizó el convenio entre la Universidad de Chile y Azul Azul firmado en 2008. Estamos analizándolo y consultando sobre sus alcances. Sus conclusiones son categóricas y, por ello, reafirmamos nuestra posición sobre la necesidad de establecer un nuevo convenio que asegure la protección del nombre, los símbolos y los valores de la Universidad”.

¿Qué exige la Universidad de Chile a Azul Azul?

Para avanzar en esta reestructuración, la entidad académica ya tomó medidas formales. López anunció que “se ha constituido un consejo consultivo compuesto por los decanos de las Facultades de Derecho (Gabriel Hernández) y de Economía y Negocios (Óscar Landerretche), y la decana de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (Susana Mondschein)”.

Asimismo, la autoridad académica añadió que “se ha nombrado un Coordinador Estratégico (Ricardo Gamboa), entendiendo que las decisiones en la Universidad de Chile se toman de manera colegiada y que toda la comunidad universitaria está comprometida con el resguardo de sus valores y principios, y también con honrar la historia del club de fútbol con la cual se identifican millones de hinchas en nuestro país”.

El objetivo de este nuevo equipo de trabajo es terminar con la nula injerencia que tiene la Casa de Bello en las decisiones del club. De hecho, el citado medio detalla textualmente que “la Universidad no quiere que exista más el desequilibrio que hoy rige en el directorio de la controladora del equipo de fútbol, donde sus directores -Héctor Humeres y Andrés Weintraub- tienen derecho a voto, pero -al ser minoría en un grupo de 11- no poseen poder de decisión, ni de veto ni del cuidado de la insignia y el prestigio de la institución académica”.

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¿Por qué la U de Chile desmintió a Cecilia Pérez?

El quiebre también tiene un componente público tras los recientes dichos de la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, quien hace un par de semanas aseguró: “Nosotros estamos en contacto con la Universidad de Chile, pero no nos hemos reunido”.

Dichas palabras fueron refutadas categóricamente desde la Casa Central. La prorrectora López fue tajante al desmentir la disposición de la concesionaria: “Nosotros hemos ofrecido diversas fechas para una reunión con el Directorio de Azul Azul y ellos han solicitado su postergación indefinida”.

Pese a esto, desde el lado de la concesionaria mantienen su postura. Pérez había señalado previamente que “si eso se produce, nosotros vamos a manifestar toda la colaboración para mejorar el convenio. Creemos que es legítimo que ellos puedan tener la aspiración de revisarlo, es su derecho”. A lo que agregó: “En base a eso, mostraremos colaboración de mejorar aspectos que ellos señalen que, en base a su criterio, habrían incumplimientos. Nosotros creemos que tenemos cumplimientos a cabalidad con el protocolo del convenio y, por lo tanto, si se produce esa reunión, bienvenido sea”.

¿Cuándo vence el plazo para renovar el convenio?

Todo este escenario institucional se desarrolla mientras la Universidad observa de cerca la Junta de Acreedores de Sartor, proceso clave para la venta del 63% de las acciones de Azul Azul.

El tiempo apremia, ya que, según revela el periódico, en la casa de estudios “se mantendrán firmes en la construcción de un nuevo convenio o en la revocación de la actual tratativa y los plazos legales para ello no se extienden más allá de enero del próximo año”.

Este factor es fundamental para definir el precio del paquete accionario. Al respecto, el reporte añade lo expuesto por la clasificadora de riesgo Moody’s, que afirmó que “la principal fuente de incertidumbre radica en la definición de quién ejercerá el control de la compañía. El mayor mitigante es que, hasta la fecha, no solo no se observan cambios relevantes en la operación ni en la capacidad de pago, sino que los indicadores financieros hasta marzo de 2026 muestran un continuo fortalecimiento”.