El legajo de 32 páginas, que fue encargado por Muñoz al ingeniero Hugo Murúa Chevesich, perito judicial en prevención de riesgo y protección ambiental, indica en líneas gruesas que la violencia en los estadios se origina por una combinación entre factores sociales, organizativos y la mala gestión de los eventos deportivos.

El informe, que no abarca sólo al coliseo de Macul, sino que todo el fenómeno de la violencia en los recintos que albergan fútbol profesional, sentenció que “los servicios encargados de hacer cumplir la normativa legal vigente, autoridades y dirigentes deportivos, tienen una política de dejar hacer. Es decir, que la gente destruya e incite a la violencia al interior de estos recintos”.

Agrega que dirigentes de los distintos clubes son causantes de todo tipo de violación a las normas legales vigentes, como el no pago de sueldos, impuestos, cotizaciones previsionales y de salud, arriendos de estadios y endeudamiento con distintos proveedores.

También indica que las autoridades sólo reaccionan ante hechos de violencia y que no previene ninguno de los sucesos. Además puntualiza que “la gestión de Carabineros constituye un aliciente para los focos de violencia”. En especial por la manera provocativa en que actúan sus fuerzas especiales.

En cuanto a la labor de los medios de comunicación, comentaristas y periodistas deportivos, les atribuye la exacerbación del ánimo de los hinchas que asisten a los recintos deportivos.

“Para nadie es un misterio que existe un pequeño porcentaje de buenos periodistas y comentaristas deportivos, pero también se debe hacer presente que existe un número de mediocres y algunos que se pueden calificar comon verdaderos promotores de la vulgaridad y la violencia”, puntualizó el texto.

Según la conclusión de Murúa, las barras bravas deben ser intervenidas y suspendidas hasta que no sean reestructuradas totalmente a través de cursos para monitores en los que se les instruya, entre otras cosas, sobre los reglamentos de la FIFA, la ANFP y la Ley de Violencia en los Estadios.

La causa que investiga Muñoz está radicada en la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y reúne las acciones legales dispuestas por Colo Colo y la Intendencia de la Región Metropolitana.

Las pesquisas del magistrado abarcan la baja efectividad de las medidas tomadas para el control de la violencia y la poca disposición de los dirigentes para abordar el tema. Esto redundó en que más de 150 detenidos por los incidentes de agosto fueron puestos en libertad por “falta de méritos”, o carencia de pruebas para procesar quienes participaron en los disturbios.