Giro en el Caso Sartor: Michael Clark ficha al exministro Luis Cordero

Las investigaciones en torno al denominado “Caso Sartor” y sus ramificaciones hacia la propiedad de Azul Azul suman un nuevo capítulo jurídico de alto perfil mediático. Tras las recientes diligencias de entrada y registro instruidas por el Ministerio Público a las oficinas de la concesionaria y al domicilio de su antiguo presidente, los involucrados han comenzado a reestructurar sus defensas.

Michael Clark, quien es sujeto de investigación en este complejo entramado financiero, decidió incorporar a su equipo legal a Luis Cordero Vega, destacado abogado y exministro de Estado del gobierno del Presidente Gabriel Boric. Este movimiento estratégico cruza la contingencia del fútbol chileno con el derecho administrativo, marcando la pauta de una indagatoria que mantiene en alerta al mercado financiero nacional.

La estrategia de Michael Clark: ¿Cuál será el rol del exministro Luis Cordero?

La búsqueda de una representación especializada llevó a Michael Clark a contratar a una de las figuras más reconocidas del derecho administrativo en el país. El expresidente de Azul Azul sumó a Luis Cordero, quien recientemente se desempeñó como ministro de Justicia y titular de Seguridad Pública, para que aborde exclusivamente la arista que lleva adelante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Según los antecedentes revelados por T13 y ratificados por Emol, el exministro, junto a la abogada Fernanda Skewes, participó de una videoconferencia el pasado 30 de abril con Andrés Montes, fiscal de la Unidad de Investigación del organismo regulador.

Este encuentro quedó debidamente registrado bajo la normativa de la Ley de Lobby. En el documento oficial se detalla que Cordero y Skewes asistieron en calidad de “gestores de intereses” de Michael Clark.

El registro precisa que la materia tratada consistió en la “elaboración, dictación, modificación, denegación o rechazo de actos administrativos, proyectos de ley y leyes y también de las decisiones que tomen los sujetos pasivos”, especificando que el diálogo giró estrictamente en torno a “Consultas relativas a Oficio Reservado UI N°400/2026”. De esta manera, el otrora titular de la concesionaria busca responder a las indagatorias por eventuales infracciones vinculadas a la obligación de realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) al momento de tomar el control de la sociedad anónima.

Es imperativo precisar que el campo de acción de Cordero se limitará al ámbito administrativo ante la CMF. Por otra parte, en la sede penal, donde la Fiscalía investiga eventuales delitos como negociación incompatible, fraude a la Ley de Mercado de Valores y administración desleal, el exdirectivo estudiantil cuenta con un equipo distinto de representantes jurídicos, abordando por carriles separados las diversas aristas judiciales del caso.

Los antecedentes del Caso Sartor y las diligencias que involucran a Azul Azul

La intervención del ente fiscalizador se enmarca en una profunda crisis financiera que estalló a fines del año pasado. Cabe recordar que en noviembre de 2025, la CMF ya emitió multas por más de 14.500 millones de pesos, situación que derivó en que el Ministerio Público solicitara al 4° Juzgado de Garantía de Santiago las respectivas órdenes de allanamiento.

De acuerdo a la información expuesta por T13, la Fiscalía indaga “un esquema estructurado por los imputados, mediante el cual fondos que eran administrados por Sartor (…) fueron destinados a financiar entidades vinculados con los dueños de esta entidad”.

La magnitud de la situación fue analizada por el abogado Rodrigo Reyes, quien en diálogo con El Mercurio entregó su visión sobre los hechos investigados: “El caso Sartor es quizá uno de los mayores escándalos de abuso fiduciario en la historia del mercado financiero en Chile. En términos simples: los directores usaron el dinero de sus clientes para tapar los hoyos de sus propios negocios”. El profesional agregó que el colapso de dichos fondos “no fue solo un problema administrativo, fue una tragedia humana”, aludiendo a las millonarias pérdidas patrimoniales de los inversionistas.

En medio de esta investigación, el nombre de Michael Clark figura en relación con la sociedad Inversiones Antumalal Ltda. Un documento emanado por la magistrada que autorizó los allanamientos menciona operaciones destinadas a constituir el Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, el cual fue “utilizado para la adquisición del control de Azul Azul S.A mediante OPA, así como la posterior operación de adquisición de cuotas de dicho fondo por Inversiones Antumalal Ltda”.

La misma resolución judicial detalla que en este caso “se describe un mecanismo de captación, de recursos de inversionistas mediante una apariencia de solvencia y correcta administración, sustentada en información engañosa al regulador, al mercado y al público”.