Héctor Humeres, director representante de la Universidad de Chile en Azul Azul, cuestionó el crédito de US$7,5 millones que José Ramón Correa recibió de Sportscap Credit Fund LLC para comprar el 21% del club. El mismo fondo también abonó US$18,5 millones a Bulla SpA, la sociedad de Michael Clark, el máximo accionista. En total, Sportscap movilizó más de US$26 millones vinculados a los dos principales dueños de la concesionaria de la U de Chile, dato que el fiscal Juan Pablo Araya expuso ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco del Caso Sartor.
El antecedente llegó a manos del directorio no por gestión del propio Correa, sino a través de un escrito procesal. “Nada puede objetarle a una persona que pida préstamos a otra, pero que eso se sepa y no que se conozca después, prácticamente como un hecho de carácter judicial”, remarcó Humeres en Radio ADN. La molestia no era solo por el préstamo, sino por la opacidad con que operó el segundo accionista del club.
¿Por qué Humeres dice que “hay algo raro”?
Cuando Humeres intentó preguntar directamente a Correa, la respuesta fue el silencio: “Le pregunté a José Ramón y me dijo que no podía hablar porque la CMF lo tenía prohibido. Son circunstancias que van dando la idea de que hay algo oscuro atrás. Quizá no lo hay, pero da la impresión de que hay algo raro y afecta la operación”, subrayó el director. La restricción de la CMF sobre Correa se enmarca en la misma causa que cuestionó a Clark por haber adquirido el 63% de Azul Azul sin lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Lo que la Fiscalía reveló en su escrito da sustento concreto a esa incomodidad. El contrato entre Correa y Sportscap se firmó el 22 de diciembre de 2025, con las acciones a adquirir como garantía, y se canalizó a través de Romántico Viajero SpA, sociedad que Correa constituyó en noviembre de 2025 con un capital inicial de un millón de pesos chilenos. Tres semanas después, el 12 de enero de 2026, pagó cerca de $6.700 millones a la familia Schapira en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Consultado por CIPER Chile, Correa respondió que fue él quien contactó a Kiblisky: “Fui yo quien lo contactó para pedir el financiamiento de Sportscap, sabiendo que ese Fondo financiaba y había financiado operaciones de fútbol tanto a nivel local como sudamericano”.
¿Qué hay detrás del fondo que preocupa al directorio?
Humeres fue más lejos al conectar distintos frentes abiertos en torno a la propiedad del club: “Da la impresión que hay un gran inversionista detrás del Bono Bulla, del tema Antumalal y el caso de Correa. Parece que se está descubriendo algo grande, esto complica al club”.
“Uno no se opone a las inversiones, lo que uno quiere es transparencia”, cerró ante el citado medio. La intuición del director tiene respaldo en el expediente judicial: un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), alertado por el Banco Santander Chile, identificó a Clark como “beneficiario final” del financiamiento de Bulla SpA, la sociedad que recibió los US$18,5 millones de Sportscap.
El patrón tampoco es nuevo. En 2024, el mismo fondo prestó US$3,6 millones para financiar la compra de Huachipato, con Patrick Kiblisky y Jacques Gliksberg como administradores. El exdirector de Azul Azul Juan Pablo Pavez ya declaró ante la justicia que existe “una concertación entre Clark, Cerda, Pesce y Kiblisky para extraer valor” del club, y detalló compraventas de jugadores entre la U, Ñublense y Huachipato que sostendrían su tesis. Su conclusión: “Los vínculos y conflictos de interés entre este grupo de personas es obsceno”.