Más de cuatro años han pasado desde aquella oscura noche del 28 de abril de 2022, cuando la derrota de Universidad Católica por 2-3 ante Flamengo por Copa Libertadores pasó a un segundo plano ante los graves incidentes en las tribunas del antiguo San Carlos de Apoquindo.

Mientras la mayoría de los focos se han centrado en los 70 millones de pesos que deberá desembolsar Cruzados a los siete hinchas brasileños afectados, el dictamen del Cuarto Juzgado Civil de Santiago esconde detalles y testimonios mucho más crudos que le dan un giro total a la resolución judicial.

El dardo al corazón de Cruzados: “Nunca hubo un acercamiento concreto”

El hecho más grave de aquella jornada fue el impacto de una bengala que hirió a un niño de 10 años en el sector visitante. Tras conocerse el fallo, la abogada representante de los fanáticos del “Mengao”, Victoria Santis, destapó una situación que dejó muy mal parada a la dirigencia estudiantil respecto al trato con la víctima.

En diálogo con ADN Deportes, la jurista fue categórica sobre la actitud posterior de la institución. “El club solo preguntó por el estado del menor de edad, pero nunca hubo un acercamiento concreto o alguna propuesta para apoyar la recuperación de las lesiones, o para los tratamientos psicológicos a los que se sometieron todos mis representados”, reveló Santis.

La defensa basó su éxito legal en los informes de Carabineros que constataron fallas inexcusables de la localía, como la falta de guardias y, peor aún, el bloqueo de las salidas de emergencia mientras los visitantes estaban siendo agredidos.

“El organizador es responsable de la seguridad que debe otorgarse en los recintos y en el juicio se acreditó que el club no cumplió con todas las medidas de seguridad. Hay informes de Carabineros que constatan la falta de guardias de seguridad, el bloqueo de salidas de emergencia, impidiendo que la gente pudiera dejar la zona mientras estaban siendo agredidos”, añadió.

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¿Cuál fue el duro castigo para el hincha que lanzó la bengala?

Uno de los ángulos más potentes e inéditos de este fallo civil es que la responsabilidad no recayó exclusivamente en la Sociedad Anónima, sino que persiguió económicamente al responsable directo de la agresión.

La justicia identificó a Sebastián San Martín Cornejo como el individuo que arrojó el artefacto pirotécnico. Aplicando la presunción de culpa por el hecho propio, el tribunal determinó que lanzar una bengala encendida hacia el público es una “conducta de alta peligrosidad” y de evidente negligencia. Como consecuencia, este barrista fue condenado a pagar 30 millones de pesos directamente a la familia del niño herido.

¿Por qué la Conmebol se salvó y la UC debe pagar todo?

La demanda civil interpuesta por los hinchas cariocas apuntaba a tres frentes: el hincha infractor, Universidad Católica y la Conmebol, exigiendo originalmente una suma cercana a los 800 millones de pesos. Sin embargo, el ente rector del fútbol sudamericano salió ileso económicamente del litigio.

¿La razón? El tribunal determinó que, legalmente, el “único organizador local del evento” era Cruzados. Al ser la UC la responsable directa del control de acceso y de la seguridad del recinto, la Conmebol fue liberada de su calidad de organizador, obligando a la concesionaria chilena a asumir la indemnización completa de 70 millones (cifra que no se dividirá en partes iguales entre los demandantes).

Por su parte, Cruzados emitió un escrito donde aseguraron que sus asesores legales “se encuentran analizando los fundamentos del fallo para evaluar las acciones judiciales que correspondan”, haciendo hincapié en que la cifra determinada es considerablemente menor a la exigida. Además, reiteraron su rechazo a la violencia y su “empatía con el menor”.