La agrupación de socios de la Corporación de Fútbol Profesional de la Universidad de Chile (Corfuch) emitió un duro comunicado en medio del caso Sartor, en el que cuestionó el actuar del directorio de Azul Azul y exigió una postura pública frente a los antecedentes expuestos por la Fiscalía durante la formalización de los imputados, entre los que se encuentra el expresidente de la concesionaria, Michael Clark.

“Durante años se advirtió que las decisiones sobre la propiedad y el control de Azul Azul respondían a intereses ajenos al club. Esas advertencias fueron desestimadas como rumores. Hoy forman parte de una investigación penal en curso”, inicia el escrito. En esa línea, la corporación apuntó que durante la audiencia ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público expuso antecedentes sobre la operación que permitió el control de la sociedad anónima, mencionando en la causa a Patricio Kiblisky, Victoriano Cerda y Marcelo Pesce. “Conforme a lo expuesto por la Fiscalía, parte de lo imputado es el acto mismo que dio origen al control de la concesionaria y al directorio que hoy la administra”, señalaron desde la organización.

Los antecedentes que menciona Corfuch en su comunicado

El organismo hizo referencia a antecedentes incorporados a la investigación policial, como un contrato de asesoría en gestión deportiva suscrito en junio de 2022 entre el FIP Tactical Sport, representado por Clark, y Pesce, exsocio de Cerda en Huachipato. También mencionaron un acuerdo de confidencialidad con Manuel Mayo, actual gerente deportivo de la U.

Las críticas de Corfuch al directorio de Azul Azul

La corporación cuestionó que el directorio no haya tomado medidas tras conocerse los antecedentes del caso, y apuntó a la actual presidenta de la concesionaria, Cecilia Pérez. “Ante hechos de esta gravedad, el directorio de Azul Azul no ha actuado. Su presidenta ha declarado públicamente que ‘en lo humano’ sigue confiando en Michael Clark, y respecto de los chats filtrados del grupo Sartor señaló que, ‘como hincha’, le indignan”, expusieron. Y agregaron: “Pero el directorio no ha adoptado hasta hoy una sola medida institucional en defensa del club que administra. La concesionaria no es una espectadora ni una víctima pasiva de estos hechos: administra un patrimonio que no le pertenece y del que debe responder”.

La exigencia de Corfuch a Cecilia Pérez

“Solicitamos públicamente al directorio y a su presidenta, señora Cecilia Pérez, fijar una posición pública y explícita sobre los antecedentes expuestos por la Fiscalía y sobre el daño patrimonial y reputacional causado al Club Universidad de Chile”, señala el documento. La corporación fue enfática en diferenciar entre la reacción emocional y la responsabilidad institucional: “Expresar indignación como hincha, mientras se ventila en tribunales cómo se utilizó al club, no equivale a defenderlo. El deber de cuidado que se asume al administrar una institución como la nuestra se acredita con actos, no con declaraciones”.

El comunicado cierra con un llamado a la responsabilidad de quienes administran el club: “La U no es un activo financiero. Es un bien social de sus socias, socios e hinchas, y esperamos que quienes hoy la administran estén a la altura de esa responsabilidad. La U primero, siempre”.