La crisis institucional está lejos de terminar y ahora salpica directamente a la sede central de nuestro fútbol. Lo que comenzó como una investigación por el polémico “Caso Sartor”, hoy tiene a la Policía de Investigaciones (PDI) cruzando las puertas de Quilín y a la Fiscalía cuestionando la legitimidad misma de los controladores de Universidad de Chile. Durante la jornada, detectives acudieron a la ANFP para retirar información financiera clave relacionada con Azul Azul, diligencia que se suma a los allanamientos vividos previamente en el Centro Deportivo Azul (CDA). Todo esto, en medio de explosivas declaraciones del Ministerio Público que amenazan con desestabilizar por completo a la sociedad anónima que administra al elenco estudiantil.

¿Por qué la PDI llegó a la ANFP por el caso de Azul Azul?

A diferencia del estruendoso allanamiento que sufrió el CDA semanas atrás, la diligencia de este jueves en Quilín tuvo un carácter de entrega voluntaria y coordinada.

Hace diez días, la policía había solicitado antecedentes formales a la entidad que preside Pablo Milad, la cual pidió un plazo para reunir la información. Cumplido el tiempo, los efectivos policiales fueron recibidos por el secretario ejecutivo, Juan Eduardo Vega, para llevarse los documentos.

Según detallaron fuentes conocedoras del proceso a El Deportivo, la documentación entregada apunta a explicar el flujo de recursos entre la asociación y Azul Azul. Específicamente, se entregaron los registros de pagos y todos los antecedentes relativos a la distribución de los millonarios recursos provenientes de los derechos de televisión que recibe el club.

El dardo de la Fiscalía: “Tienen un control obtenido de forma ilícita”

El retiro de documentos en la ANFP es solo la punta del iceberg. El verdadero terremoto se originó con las recientes y lapidarias declaraciones del fiscal a cargo de la indagatoria, Juan Pablo Araya, quien puso en duda la legalidad de los actuales controladores de la institución.

El persecutor apuntó sus dardos directamente hacia cómo operó la sociedad. Según la Fiscalía, el expresidente Michael Clark —quien también era director de Sartor— habría actuado de manera conjunta para acceder a un financiamiento del mismo fondo de inversión, triangulando presuntamente los dineros para realizar la OPA (Oferta Pública de Adquisición de Acciones) que le permitió a “Bulla SpA” tomar el poder.

Las palabras de Araya, emitidas a Radio Cooperativa, no dejan espacio a dobles lecturas respecto a la postura del ente persecutor: “Hasta el día de hoy, la sociedad Azul Azul tiene su control obtenido de una forma que para nosotros es ilícita y que, en el transcurso del tiempo, se mantiene hasta el día de hoy”, sentenció. Esta afirmación es de una gravedad institucional sin precedentes, pues insinúa que las decisiones tomadas en la cúpula de uno de los tres clubes más grandes de Chile provendrían de una administración viciada desde su origen.

A este complejo panorama del Ministerio Público se sumó un nuevo e intrincado capítulo judicial en las últimas horas, el cual involucra directamente al actual vicepresidente y dueño del 21% de las acciones de la concesionaria, José Ramón Correa. Según la información detallada por Emol, las pericias forenses a los equipos tecnológicos incautados al directivo el pasado 4 de mayo se encuentran completamente pausadas, luego de que el fiscal Araya confirmara que Correa no entregó las claves de acceso de sus dispositivos Apple al momento del procedimiento.

La batalla legal escaló hasta la Segunda Sala de la Corte Suprema, donde se revisó una doble apelación interpuesta por la Fiscalía Metropolitana Oriente y la defensa del dirigente laico, tras una acción de amparo constitucional con la que se busca revertir la incautación de su teléfono celular y computador. En la instancia, el abogado defensor Claudio Fierro argumentó que el Ministerio Público no notificó debidamente al Juzgado de Garantía sobre la calidad de imputado de Correa en el requerimiento del 26 de abril. Los ministros del máximo tribunal dejaron el fallo en acuerdo, prolongando la incertidumbre sobre si los peritos podrán o no acceder a la información contenida en los aparatos bajo custodia.

Cecilia Pérez: “No me voy a referir a temas judiciales que son extra club”

Ante la magnitud del escándalo y el cierre de la primera rueda con un triunfo clave ante O’Higgins, todas las miradas se posaron en la actual presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.

Sin embargo, la sucesora en el cargo decidió blindarse frente a los micrófonos. Al ser consultada sobre la investigación de la Fiscalía en el Caso Sartor, Pérez fue tajante: “No me voy a referir a temas judiciales que son extra club… Se ha hablado mucho y a mí, como presidenta de la U, me corresponde velar porque a nuestros respectivos planteles les vaya lo mejor posible”. Una respuesta que busca calmar las aguas deportivas, pero que no logra apagar el incendio institucional que hoy tiene a la PDI recabando antecedentes en las más altas esferas del fútbol nacional.

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