El golpe fue duro, pero Independiente no se rinde. El conjunto de Avellaneda ya planifica su contraataque legal tras el fallo adverso de Conmebol que lo dejó fuera de la Copa Sudamericana. Los dirigentes trasandinos no solo apelarán la descalificación, sino que buscarán una medida cautelar que podría cambiar por completo el panorama continental.

Y es que una vez conocido el resultado del fallo, el Rojo comenzó una arremetida comunicacional que llevará nuevamente al tribunal de la Conmebol.

🔴 Independiente busca postergar el duelo por los cuartos de final

La jugada del Rojo es ambiciosa y arriesgada a la vez. Según reveló el periodista argentino Matías Martínez, el club tiene hasta siete días para presentar su recurso pagando los 3 mil dólares que exige Conmebol, pero su estrategia va mucho más allá. “Independiente va a apelar el fallo entero de Conmebol, pidiendo incluso la postergación de Alianza Lima – U de Chile hasta que salga la resolución”, informó el comunicador.

Junto a pedir la postergación del encuentro por los cuartos de final, el club argentino también pedirá que se revisen las sanciones económicas de 250 mil dólares y la prohibición de público por 14 partidos.

Esta maniobra legal podría generar un terremoto en el calendario de la Copa Sudamericana. Si Conmebol acepta la medida cautelar, los cuartos de final quedarían en el aire, afectando no solo a chilenos y peruanos, sino también al resto de los clasificados que esperan conocer a sus posibles rivales en semifinales.

⚖️ Demanda contra la U por daños materiales

Pero la ofensiva del conjunto trasandino no se detiene en lo deportivo. Independiente también abrirá un expediente separado contra Universidad de Chile por los destrozos causados en el estadio Libertadores de América durante los incidentes del 20 de agosto. “Primero el club determinará el costo exacto de las roturas y luego accionará contra la U para que pague los arreglos”, advirtió Martínez.

Los dirigentes de Avellaneda apuntan directamente a los hinchas chilenos como responsables de la destrucción de cámaras de seguridad, sanitarios, butacas y estructuras de hormigón. Una estrategia que busca no solo recuperar el dinero de las reparaciones, sino también construir un argumento más sólido para su defensa ante el máximo tribunal continental.