FBI investiga las finanzas de la AFA en EE.UU. por presunto lavado de dinero

En pleno desarrollo del Mundial 2026, y mientras la Selección argentina se prepara para los cuartos de final tras un polémico triunfo ante Egipto, estalló una bomba judicial en Estados Unidos. Agentes del FBI y fiscales federales comenzaron a tomar declaraciones formales a testigos en una investigación preliminar que pone bajo la lupa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

La justicia norteamericana busca determinar si la entidad utilizó el sistema financiero de ese país para cometer delitos de fraude bancario o lavado de dinero.

Por qué el FBI investiga a la AFA de Chiqui Tapia

La investigación penal, que comenzó a gestarse de forma preliminar durante el año 2025, busca descifrar el destino de cientos de millones de dólares que ingresaron a cuentas bancarias estadounidenses procedentes de patrocinadores oficiales de la Albiceleste. Según la documentación contable revisada por el diario La Nación, el foco está puesto sobre un flujo de fondos que pasó por las entidades Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank.

De un total aproximado de 260 millones de dólares administrados bajo este esquema, las alarmas de los reguladores se encendieron por 57 millones de dólares distribuidos a distintas sociedades y beneficiarios sin una causa comercial legítima. Entre los movimientos más sospechosos que detectaron los agentes federales aparecen giros de dinero a personas que cobraban planes sociales en Argentina, además de transferencias directas a las firmas SOMA SRL y Cabello SRL, empresas vinculadas directamente a la familia de Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la AFA.

Qué es TourProdEnter LLC y cómo operó los fondos en EE.UU.

El vehículo financiero central de las pesquisas es TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en Estados Unidos propiedad del productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Esta empresa firmó un contrato exclusivo con la AFA —vigente hasta diciembre de 2026— que la facultaba como agente de cobro de los principales auspicios internacionales de la selección, quedándose con el 30% de los ingresos totales y un 10% adicional por comisiones logísticas.

A través de esta estructura, TourProdEnter LLC recaudó contratos de alto perfil, destacando 60 millones de dólares provenientes de Adidas y otros 40 millones de dólares de la cadena Warner. El Departamento de Justicia busca reconstruir si esta triangulación de dinero sirvió para desviar capitales de la federación hacia cuentas particulares evadiendo los controles normativos de ambos países.

Quiénes son los fiscales del caso y cuál es la defensa de la AFA

La investigación está comandada por tres fiscales federales especializados en delincuencia económica: Patrick Gushue, de la Unidad de Integridad Bancaria; Christopher Ting, experto en fraudes financieros de Washington DC; y Michael Berger, persecutor del distrito Sur de Florida con experiencia en lavado de activos.

Uno de los pasos clave de los fiscales fue tomar la declaración testimonial del empresario Guillermo Tofoni, denunciante original de las irregularidades, quien compareció por videoconferencia durante tres horas. El expediente sumó fuerza gracias a una alerta que la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, envió a las autoridades de EE.UU. en septiembre de 2024, la cual tomó peso criminal tras cruzarse con nuevos reportes bancarios este año.

Por ahora, desde el entorno de la AFA defienden que el caso está en una fase preliminar de recopilación de documentos y que no existe una imputación penal formal. Tomás Regalado, encargado de la entidad en Norteamérica, y el abogado penalista Mariano Lizardo participaron en un foro en Miami donde exigieron el respeto a la presunción de inocencia, argumentando que las diligencias no significan culpabilidad. Paralelamente, “Chiqui” Tapia se encuentra en Estados Unidos siguiendo el torneo tras haber tenido que pagar un aval millonario en los tribunales de Buenos Aires para poder salir de Argentina, debido a una causa interna por retención indebida de aportes previsionales.